El próximo 1 de septiembre comienza a regir en plenitud la Ley 21.595, que aumenta el catálogo de delitos económicos y ambientales, de una veintena a más de 200, por los cuales se puede perseguir penalmente a una empresa. Las compañías tenían un año para crear modelos de prevención y han debido recurrir a consultorías especializadas o estudios jurídicos para hacer frente a este nuevo mundo legal que se avecina. Y el consejo principal es que las compañías cuenten con un sistema de prevención de delitos “efectivamente implementado”.

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